Esta estrategia está configurada por 6 ejes estratégicos de actuación:
- Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en IA.
- Promover el desarrollo de capacidades digitales, potenciar el talento nacional y atraer talento global en inteligencia artificial.
- Desarrollar plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas que den soporte a la IA.
- Integrar la IA en las cadenas de valor para transformar el tejido económico.
- Potenciar el uso de la IA en la Administración Pública y en las misiones estratégicas nacionales.
- Establecer un marco ético y normativo que refuerce la protección de los derechos individuales y colectivos, a efectos de garantizar la inclusión y el bienestar social.
En el presente artículo nos vamos a centrar en el último de los ejes estratégicos expuestos. A pesar de que el eje se encuentre en última posición y que, habitualmente, el desarrollo de un sistema normativo vaya detrás del desarrollo tecnológico, en ocasiones, llegando demasiado tarde, en el caso de la inteligencia artificial se está realizando mucho trabajo preventivo en el aspecto normativo tanto en la Unión Europea, como en los Estados miembros y en terceros países.
Dentro de las preocupaciones expuestas en todos estos trabajos y, centrándonos en el Esquema Nacional de Inteligencia Artificial, cabe destacar la referencia constante a los aspectos éticos que conciernen al desarrollo de la inteligencia artificial. Los riesgos de un desarrollo descontrolado de la IA son altos, por lo que se está realizando una labor preventiva importante.
En particular, dentro de estos aspectos éticos, hay unos puntos críticos a proteger, como son la inclusión, el bienestar social y la sostenibilidad. En cuanto a la inclusión, los algoritmos de IA deben ser estrictamente objetivos, sin introducir en su entrenamiento y desarrollo ningún tipo de sesgo. Asimismo, en cuanto al bienestar social y la sostenibilidad, la IA debe contribuir a estos dos objetivos, dada su próxima importancia capital en la sociedad, fomentando el respeto de los derechos fundamentales y la sostenibilidad y responsabilidad ecológica.
Para la consecución de estos objetivos, así como del resto de preocupaciones éticas que conciernen al desarrollo de la inteligencia artificial, se ha constituido un Comité de Expertos para la elaboración de una Carta de Derechos Digitales (si bien ya hay una serie de derechos digitales vigentes, por medio de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales) así como se han previsto una serie de acciones para aumentar la confianza de la ciudadanía en los sistemas de inteligencia artificial, por medio de la transparencia de los sistemas y el fomento de la adquisición de competencias digitales. Se pretende igualmente el aumento de la confianza a través de la creación de foros de participación ciudadana que sirvan como reflexión ética previa a la regulación.
En este sentido, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial comienza haciendo referencia a algunos de los proyectos normativos que, como ha quedado señalado, forman parte de una labor previa para proporcionar un marco regulatorio adecuado sobre el que sustentar el desarrollo de la inteligencia artificial.
Se parte de la consideración de que los sistemas de inteligencia artificial asisten en la toma de decisiones (limitando así su independencia o su falta de control) a los seres humanos. No obstante, estas decisiones tienen impacto sobre la vida, la salud o el funcionamiento de la sociedad, por lo que se exige que estos sistemas sean transparentes y auditables. Se trata, conforme a los proyectos normativos europeos, de garantizar la explicabilidad de las decisiones tomadas por medio o con ayuda de un sistema de inteligencia artificial. Esta explicabilidad es fundamental para abordar las responsabilidades ante eventuales ataques o siniestros que se puedan producir.
Para ello, es imprescindible garantizar unos requisitos de calidad y una implantación técnica de los sistemas. Asimismo, la supervisión de estos sistemas debe ser continua, yendo más allá de una certificación inicial, sin perjuicio de que se implanten y se exijan determinadas certificaciones a nivel estatal o europeo. Por último, resalta la importancia de garantizar unos principios de gobierno de los datos y de los sistemas de inteligencia artificial, que deberán ser tratados en profundidad por el Comité ético de la IA, además de por los cauces ordinarios. Por último, a modo de conclusión personal, los sistemas de inteligencia artificial, tengan o no un soporte físico, suponen un avance tecnológico que ya es una realidad. Este avance conlleva, a su vez, una serie de riesgos que contrarrestan las múltiples ventajas que nos ofrecen. Entre estos riesgos, cabe destacar la introducción de elementos autónomos o semiautónomos en la toma de decisiones y/o en la asistencia a las personas para dicha decisión que, a su vez, va a tener influencia sobre algunos derechos o intereses individuales y colectivos protegidos por la sociedad. Por ello, toda labor previa conducente a aportar criterios objetivos de creación, desarrollo y uso de estos sistemas inteligentes, así como de fomento de unos principios éticos, es fundamental para la protección de los derechos e intereses de la ciudadanía y, también, para el apoyo de los sectores empresariales afectados, para que puedan desarrollar su actividad sobre una cierta seguridad jurídica y conforme a los principios que rigen el tráfico mercantil en la actualidad.
